Junts al PSOE: amnistía antes de la investidura, autodeterminación en la legislatura… «o elecciones»

Carles Puigdemont comienza a perder la paciencia con Pedro Sánchez. Los independentistas de Junts cada vez se fían menos del PSOE y han vuelto a recordarle sus dos principales exigencias de cara a una eventual negociación sobre la investidura de Sánchez: amnistía y autodeterminación. Si no, elecciones. La primera, antes de la investidura. La segunda, durante la legislatura. «Y si no, a elecciones», ha advertido el equipo negociador del fugado Carles Puigdemont a sus interlocutores socialistas, según ha podido saber OKDIARIO. En el PSOE se preparan para otra negociación de infarto, y con la rodilla al suelo, si pretenden que la ley de amnistía quede tramitada y aprobada antes de la investidura de Sánchez.

La falta de rigor en las declaraciones de los dirigentes sanchistas exacerban los ánimos de los independentistas. Mientras que en Junts exigen «el pago por adelantado» de la amnistía, el PSOE se escuda en eufemismos como «fórmulas para el diálogo» para ocultar el precio que tendrá que pagar para que Sánchez siga en la Moncloa. En lugar de garantizar a Junts que cumplirá con sus exigencias, el PSOE recurre a la ambigüedad a la hora de explicar si la amnistía cabe en la Constitución. Algo que lo hizo notar nada menos que Emiliano García-Page, que denunció que sería «enormemente grave» que lo que no cabía en la Constitución «quepa de un día para otro».

Cuando a un socialista le preguntan por la amnistía, lo más probable es que eluda responder y centre su tiro en Alberto Núñez Feijóo, como hizo el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que evitó entrar en el debate sobre la ley de amnistía que estaría preparando el Gobierno, esgrimiendo que ahora el candidato es el presidente del PP. «El candidato es Feijóo y ya tendré tiempo de fijar posición», afirmó.

Para acortar los plazos, el PSOE contempla la vía de la proposición de ley, que ahorraría a los partidos del Gobierno la petición de informes jurídicos. Una vía similar a la ley orgánica por la que se suprimió el delito de sedición, otra reclamación de los independentistas, que se registró un 11 de noviembre de 2022 y fue aprobada en poco más de un mes.  La ley que suprimió el delito de sedición, que el Congreso y el Senado resolvieron en apenas cinco semanas a finales de 2022, es el precedente más próximo de una tramitación parlamentaria exprés como la que ahora exige Puigdemont, para empezar a negociar la investidura de Sánchez.

«Principio de desconfianza»

La prueba de que Junts no se fía del PSOE es que pidió al Gobierno un documento firmado y sellado de la solicitud que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presentó a las 06:47 horas del 17 de agosto por escrito al Consejo de la Unión Europea sobre la reforma del reglamento lingüístico para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales. Para Puigdemont la palabra de Sánchez no vale nada y por eso exige «hechos comprobables antes de comprometer ningún voto».

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se’ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni…

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 16, 2023

Fue la misma Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, la que calificó de «histórico» el acuerdo con el PSOE para el uso del catalán en las instituciones europeas, pero subrayando que «el principio de desconfianza» les hace ser «muy escrupulosos» en las negociaciones porque, según ha reconocido varias veces, no se fían de los socialistas.

No hay fecha para esa investidura, ya que la única programada es la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene su debate programado para los días 26 y 27 de septiembre. Y si no prospera la opción del líder ‘popular’, tal y como se desprende de las posiciones fijadas por los distintos portavoces parlamentarios, empezará a correr el plazo de dos meses para una disolución automática de las Cortes por bloqueo.